La otra cara del ajuste salarial

Por: Lic. Carlos Hugo Barbery Alpire, ECONOMISTA

Publicado en la Revista Dinero de El Deber, 09 de Abril de 2013

Conocido el acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno sobre el ajuste salarial, un 20% al salario mínimo nacional (SMN) y un 8% al salario básico y si este a su vez es la base de negociación para el sector privado, cambia la manera de descargar el IVA para dependientes.

Antes del ajuste, el trabajador que ganaba menos de Bs 4.582 no presentaba facturas porque con ese salario su impuesto a determinar era cero, ahora, no lo harán quienes ganen menos de Bs 5.499. Por otro lado, por ejemplo, un trabajador que antes ganaba al mes Bs 7.000 presentaba facturas por un valor de Bs 2.110; ahora con el ajuste al salario básico y al SMN, pasaría a ganar Bs 7.560 y presentaría facturas por un valor de Bs 1.799.

Por bono de antigüedad; por ejemplo, un trabajador que tiene entre 8 y 10 años de antigüedad, recibe cada mes el 18% de 3 SMN, independiente al salario básico. Así, un trabajador que recibía por antigüedad Bs 540, con el incremento percibirá Bs 648, sujeto a descuentos laborales.

En cuanto al salario básico del ejemplo anterior, un trabajador pasaría de percibir Bs 7.000 a Bs  7.560, pero a estos Bs 560 de incremento, también aplican los descuentos de ley, vale decir un 12,21% AFP y el 0,5% de aporte solidario, por lo que netos de descuento se reducen a Bs 489.

Adicionalmente a lo que gana el trabajador, otros costos para el empleador son: 10% por caja de salud, un 2% de Pro-vivienda, un 1,71% por prima de riesgo, el 3% de aporte solidario y un 8,33% de duodécima de aguinaldo, totalizando hasta el 25,04%, y considerando lo que represente el bono de antigüedad y otros, alcanza a cerca de un 28%; es decir, que por cada Bs 100 de ajuste salarial al trabajador, al empleador le significan Bs 128, y aquellos empleadores con bonos adicionales sujetos al salario, tendrán un 8,33% más de costo adicional. Sin considerar que el empleador (excepto el sector público) deberá prever en función a los nuevos salarios; la previsión para indemnización del trabajador.

Entonces, el ajuste no considera la realidad diferente entre los sectores económicos como tampoco deja flexibilidad para premiar la eficiencia. Finalmente, surge la pregunta: si la inflación de 2012 fue un 4,54%, ¿por qué la negociación política llegó a un 8%?

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Propuesta metodológica para el pacto fiscal en Bolivia

EL PACTO DEBE GENERAR IMPACTO

Por: Lic. Carlos Hugo Barbery Alpire, ECONOMISTA

Después de casi 6 meses de largas noches de arduo trabajo de investigación, a través del Colegio de Economistas presentamos hoy 12 de marzo de 2013 de manera formal la “Propuesta Metodológica para el pacto fiscal en Bolivia”. Esta propuesta no tiene color político, sino la transparencia del análisis académico que es lo que nos compete, ha sido elaborada, lo creemos así, tomando en cuenta la gran mayoría de las iniciativas que al respecto se han mencionado, desde todos los niveles y regiones.

Para elaborar esta investigación fueron tomados en cuenta datos de las principales fuentes oficiales como el INE, el Presupuesto General del Estado 2013 y otros que enriquecieron la propuesta. A partir de la nueva configuración poblacional, estamos seguros que con esta iniciativa se contribuirá al debate, donde el principal beneficiado deberá ser el país en su conjunto.

Se propone un esquema nuevo para la redistribución de los recursos económicos en el marco de un desarrollo sostenible, con equidad, inclusión social y auto-gestión a partir de los datos arrojados por el Censo 2012, a fin de lograr una adecuada asignación y aprovechamiento en las diferentes competencias en cada uno de los niveles de gobierno en el marco del nuevo Estado Autonómico.

Conceptualmente, el “pacto fiscal” es un “contrato complejo de consensos” entre “lo que puede y debe -o no- hacer” el Estado en materia fiscal, económica y social; y puede extenderse hasta reformas tributarias o presupuestarias. Esto “implica un diseño ambicioso e integral de las políticas públicas, fundamentalmente para elevar la productividad de la gestión gubernamental y favorecer el desarrollo de la institucionalidad democrática en el país; por ende, pacto fiscal no se circunscribe únicamente a redistribuirse el dinero de las arcas nacionales”. Bajo esta perspectiva queda claro que, para que exista un “pacto fiscal” resulta imperiosa -de forma previa- la consolidación de reformas institucionales; “es necesaria una política fiscal redistributiva.

La propuesta apunta a un Modelo de Política Fiscal para la redistribución de recursos económicos entre los niveles institucionales: para el Gobierno Nacional, Gobiernos Territoriales Autónomos (es decir: Autonomía Departamental, Autonomía Municipal, Autonomía Regional y Autonomía Indígena), Universidades Públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, las Empresas Estatales Estratégicas, además de un “Fondo de Inclusión para los Pueblos Nativos” y un “Fondo de Compensación para la Implementación de las Autonomías” (ambos criterios privilegiando a pueblos y/o territorios con menor población).

En los recursos a redistribuirse, deben analizarse los Certificados de Crédito Fiscal que alcanzan a 20% de la recaudación efectiva; que no exista diferenciación en el método de distribución por tipo de impuesto; es decir que los impuestos petroleros y los no petroleros, deberían distribuirse de la misma manera. Pero también se debe trabajar para lograr una mayor formalidad en la economía, ya que la discusión de redistribución está centrándose en lo que se genera únicamente por el 30% de formalidad que se estima tiene la economía boliviana y no se mira al 70% de informalidad que hace daño al sistema económico y que no aporta a las arcas del Estado.

Entre los criterios de redistribución, se plantea que no solo se considere la población de forma directa (es decir: mayor población mayores recursos) sino incorporar otra variable, el Índice de Desarrollo Humano en sentido inverso (es decir: a menor Índice de Desarrollo Humano, mayor participación en la distribución); estos por citar algunos planteamientos de la propuesta.

En síntesis es lo que se presentó al Comité Pro Santa Cruz para que a través de él, se transversalice a todos los niveles; académicos, políticos, cívicos y ciudadanos, estamos seguros que en este día los Economistas hemos hecho nuestra parte.

No quiero finalizar sin agradecer especialmente a la revista de circulación nacional “Contacto Económico” quien confió en nosotros para publicar in-extensa toda la investigación, la cual la invitamos a leerla.

MUCHAS GRACIAS

Se degradó la condición de los socios de cooperativas

Por: Lic. Carlos Hugo Barbery Alpire, ECONOMISTA

Publicado en Suplemento Dinero, El Deber. 29-Ene-2013

En el sistema financiero hay dos tipos de cooperativas de ahorro y crédito: abiertas y cerradas. Las abiertas son las reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y las cerradas son de tipo societaria, que estaban en proceso de adecuación para ser reguladas.

El problema en las cerradas fue que se vino a menos el rol de los socios, porque son formadas por ese capital y están prohibidas de captar dinero del público. Entonces, las personas se convertían en socios con un depósito de $us 100 y después de cuatro a seis meses podían acceder a un préstamo, lo que empeoró la situación.

El otro factor es la colocación. Por lo general, el mayor uso de fondos de esas entidades se destina a emprendimientos inmobiliarios porque son inversiones  a largo plazo. Sin embargo, ante una ‘corrida de depósitos’, como ha sucedido en las últimas semanas, no pueden recuperar rápido el dinero.

Por ejemplo, si recordamos la Mutual Guapay, ante la devolución de los depósitos tuvo que vender su cartera al Banco Bisa y la urbanización Aqualand quedó en una pampa interesante, pero nada más.

Además, se debe tomar en cuenta que al no estar bajo el ‘paraguas de regulación’, no están el Banco Central de Bolivia ni la ASFI para responder, como intervinieron cuando quebraron algunos bancos comerciales. No olvidemos que el soporte del encaje legal permite que la gente pueda retirar su dinero.

Incluso, cuando una entidad financiera regulada sufre una corrida de depósitos, y no tiene problemas esa situación se convierte en una fortaleza, y la gente vuelve a confiar y depositar su dinero.

La quiebra o intervención de las cooperativas cerradas en los últimos meses vemos que surge de un ‘efecto dominó’. La mayoría de las personas que accede a ellas no entienden el sistema y carece de información, entonces no diferencia entre abiertas y cerradas.

Ahora, podemos ver que fallaron varios actores. Sabemos que no es competencia de la ASFI, pero los depositantes creen que es una situación muy cómoda, entonces debió aplicar alertas cuando se degradó la calidad de socios y elaborar una normativa para exigir un proceso de adecuación, antes de que sucediera la crisis.