La otra cara del ajuste salarial

Por: Lic. Carlos Hugo Barbery Alpire, ECONOMISTA

Publicado en la Revista Dinero de El Deber, 09 de Abril de 2013

Conocido el acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno sobre el ajuste salarial, un 20% al salario mínimo nacional (SMN) y un 8% al salario básico y si este a su vez es la base de negociación para el sector privado, cambia la manera de descargar el IVA para dependientes.

Antes del ajuste, el trabajador que ganaba menos de Bs 4.582 no presentaba facturas porque con ese salario su impuesto a determinar era cero, ahora, no lo harán quienes ganen menos de Bs 5.499. Por otro lado, por ejemplo, un trabajador que antes ganaba al mes Bs 7.000 presentaba facturas por un valor de Bs 2.110; ahora con el ajuste al salario básico y al SMN, pasaría a ganar Bs 7.560 y presentaría facturas por un valor de Bs 1.799.

Por bono de antigüedad; por ejemplo, un trabajador que tiene entre 8 y 10 años de antigüedad, recibe cada mes el 18% de 3 SMN, independiente al salario básico. Así, un trabajador que recibía por antigüedad Bs 540, con el incremento percibirá Bs 648, sujeto a descuentos laborales.

En cuanto al salario básico del ejemplo anterior, un trabajador pasaría de percibir Bs 7.000 a Bs  7.560, pero a estos Bs 560 de incremento, también aplican los descuentos de ley, vale decir un 12,21% AFP y el 0,5% de aporte solidario, por lo que netos de descuento se reducen a Bs 489.

Adicionalmente a lo que gana el trabajador, otros costos para el empleador son: 10% por caja de salud, un 2% de Pro-vivienda, un 1,71% por prima de riesgo, el 3% de aporte solidario y un 8,33% de duodécima de aguinaldo, totalizando hasta el 25,04%, y considerando lo que represente el bono de antigüedad y otros, alcanza a cerca de un 28%; es decir, que por cada Bs 100 de ajuste salarial al trabajador, al empleador le significan Bs 128, y aquellos empleadores con bonos adicionales sujetos al salario, tendrán un 8,33% más de costo adicional. Sin considerar que el empleador (excepto el sector público) deberá prever en función a los nuevos salarios; la previsión para indemnización del trabajador.

Entonces, el ajuste no considera la realidad diferente entre los sectores económicos como tampoco deja flexibilidad para premiar la eficiencia. Finalmente, surge la pregunta: si la inflación de 2012 fue un 4,54%, ¿por qué la negociación política llegó a un 8%?

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Propuesta metodológica para el pacto fiscal en Bolivia

EL PACTO DEBE GENERAR IMPACTO

Por: Lic. Carlos Hugo Barbery Alpire, ECONOMISTA

Después de casi 6 meses de largas noches de arduo trabajo de investigación, a través del Colegio de Economistas presentamos hoy 12 de marzo de 2013 de manera formal la “Propuesta Metodológica para el pacto fiscal en Bolivia”. Esta propuesta no tiene color político, sino la transparencia del análisis académico que es lo que nos compete, ha sido elaborada, lo creemos así, tomando en cuenta la gran mayoría de las iniciativas que al respecto se han mencionado, desde todos los niveles y regiones.

Para elaborar esta investigación fueron tomados en cuenta datos de las principales fuentes oficiales como el INE, el Presupuesto General del Estado 2013 y otros que enriquecieron la propuesta. A partir de la nueva configuración poblacional, estamos seguros que con esta iniciativa se contribuirá al debate, donde el principal beneficiado deberá ser el país en su conjunto.

Se propone un esquema nuevo para la redistribución de los recursos económicos en el marco de un desarrollo sostenible, con equidad, inclusión social y auto-gestión a partir de los datos arrojados por el Censo 2012, a fin de lograr una adecuada asignación y aprovechamiento en las diferentes competencias en cada uno de los niveles de gobierno en el marco del nuevo Estado Autonómico.

Conceptualmente, el “pacto fiscal” es un “contrato complejo de consensos” entre “lo que puede y debe -o no- hacer” el Estado en materia fiscal, económica y social; y puede extenderse hasta reformas tributarias o presupuestarias. Esto “implica un diseño ambicioso e integral de las políticas públicas, fundamentalmente para elevar la productividad de la gestión gubernamental y favorecer el desarrollo de la institucionalidad democrática en el país; por ende, pacto fiscal no se circunscribe únicamente a redistribuirse el dinero de las arcas nacionales”. Bajo esta perspectiva queda claro que, para que exista un “pacto fiscal” resulta imperiosa -de forma previa- la consolidación de reformas institucionales; “es necesaria una política fiscal redistributiva.

La propuesta apunta a un Modelo de Política Fiscal para la redistribución de recursos económicos entre los niveles institucionales: para el Gobierno Nacional, Gobiernos Territoriales Autónomos (es decir: Autonomía Departamental, Autonomía Municipal, Autonomía Regional y Autonomía Indígena), Universidades Públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, las Empresas Estatales Estratégicas, además de un “Fondo de Inclusión para los Pueblos Nativos” y un “Fondo de Compensación para la Implementación de las Autonomías” (ambos criterios privilegiando a pueblos y/o territorios con menor población).

En los recursos a redistribuirse, deben analizarse los Certificados de Crédito Fiscal que alcanzan a 20% de la recaudación efectiva; que no exista diferenciación en el método de distribución por tipo de impuesto; es decir que los impuestos petroleros y los no petroleros, deberían distribuirse de la misma manera. Pero también se debe trabajar para lograr una mayor formalidad en la economía, ya que la discusión de redistribución está centrándose en lo que se genera únicamente por el 30% de formalidad que se estima tiene la economía boliviana y no se mira al 70% de informalidad que hace daño al sistema económico y que no aporta a las arcas del Estado.

Entre los criterios de redistribución, se plantea que no solo se considere la población de forma directa (es decir: mayor población mayores recursos) sino incorporar otra variable, el Índice de Desarrollo Humano en sentido inverso (es decir: a menor Índice de Desarrollo Humano, mayor participación en la distribución); estos por citar algunos planteamientos de la propuesta.

En síntesis es lo que se presentó al Comité Pro Santa Cruz para que a través de él, se transversalice a todos los niveles; académicos, políticos, cívicos y ciudadanos, estamos seguros que en este día los Economistas hemos hecho nuestra parte.

No quiero finalizar sin agradecer especialmente a la revista de circulación nacional “Contacto Económico” quien confió en nosotros para publicar in-extensa toda la investigación, la cual la invitamos a leerla.

MUCHAS GRACIAS

La tarifa del transporte público

Por: Lic. Carlos Hugo Barbery Alpire, ECONOMISTA.

Publicado en la Revista Enfoque Económico del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Febrero de 2012.

Para nadie es desconocido todo lo que aconteció en el país cuando el gobierno nacional pretendió ajustar el precio de los combustibles en la época navideña del 2010, en el denominado gasolinazo” y si bien el gobierno luego retrocediera de aquella medida, los precios que se modificaron fruto de la medida y la especulación que giró en torno a ella, no se comportaron en ese mismo sentido por una razón muy sencilla y es que la mayoría de los precios son inflexibles a la baja y más aún cuando el motivo que causó su alza, deja en el sentir de los agentes económicos la incertidumbre, quizás junto con la especulación y la inseguridad jurídica; las tres enfermedades letales de los sistemas económicos.

Sin embargo en el caso particular de Santa Cruz de la Sierra, el transporte público, que había incrementado su tarifa de Bs. 1,50 a Bs. 2,50 para adultos – dejando congelados los precios para menores y universitarios – contrariamente a lo previsto pero lógicamente por una presión popular, retorna a su tarifa anterior de Bs. 1,50 para adultos, ingresando de inmediato a solicitar los análisis técnicos para determinar la nivelación de las tarifas del transporte con el argumento del ajuste al costo de vida; estudios técnicos que hasta la fecha no se realizaron de manera responsable y más por el contrario fue un ir y venir entre los transportistas, el municipio cruceño y la ATT.

Pero entrado ya el 2012, considerando que el año pasado hubo un paro de transporte por varios días consecutivos y sabiendo que la inflación oficial del año pasado fue de 6.90%, la pregunta es: En qué momento se pondrá nuevamente en el escenario el debate sobre este tema?

Lo anteriormente dicho – a manera de antecedentes – se plantea para indicar y de inicio que los transportistas tienen la razón, las tarifas del transporte público merecen ser ajustadas a la realidad, lo cual y de una manera sencilla pero responsable a criterio nuestro, pasaremos a desarrollar a continuación.

Se inicia el análisis explicando cómo se ha comportado el costo de vida y para ello recurriremos a un indicador económico clásico, el Índice de Precios al Consumidor, el IPC, que no es otra cosa que la expresión numérica del comportamiento general de los precios entre dos periodos de tiempo. Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 1, tomando como año base el 1999 que fue el último periodo donde se ajustaron las tarifas y en función al último dato INE del IPC para la gestión 2011, se interpreta que los precios sobre una base de 100 puntos en el 1999, al cierre del 2011 equivalen a 183,53 es decir que en general los precios de los bienes o servicios hoy son 83,53% más caros que en el 1999.

TARIFA - 1 Notas del Cuadro N° 1 (1) Corresponde a datos INE con año Base 2007 = 100. (2) Corresponde a Elaboración Propia en base a (1) con año Base 1999 = 100. (3) Corresponde a Elaboración Propia en base a (2) con año Base 1999 = 100, a efectos de comparar con el último año en que las tarifas del transporte público fueron ajustadas, estableciendo una variación acumulada.

Notas del Cuadro N° 2 (1) Corresponde a datos 1999-2008 de UDAPE y 2009-2011 de los respectivos DS. Expresados en Bolivianos. (2) Corresponde a Elaboración Propia en base a (1), estableciendo una variación simple. Expresado en %. (3) Corresponde a Elaboración Propia en base a (2), estableciendo una variación acumulada. Expresado en %. (4) Corresponde a una estimación del SMN para el 2012, considerando la inflación oficial 2011 que fue del 6.90% y que la política estatal es incrementar el SMN en función a la inflación del año anterior.

Mucho se puede analizar o especular respecto a la metodología de cálculo del IPC que utiliza el INE, sin embargo a efectos de responsabilidad, se manejan datos oficiales que son sobre los que se sustenta el presente análisis.

Ahora bien, así como los precios han ido incrementándose, los ingresos de los agentes económicos también se han ido nivelando, para ello con el Cuadro Nº2 se puede apreciar que la evolución del Salario Mínimo Nacional, sobre una base de 100 en 1999, será en el 2012 de 290,68 es decir que se ha incrementado en un 190,68% respecto a 1999; desde los Bs. 300 que era en 1999 a los Bs. 872 que será aproximadamente en el 2012.

Los trabajadores que figuran en planillas han visto compensados sus salarios mínimamente en similar magnitud que la inflación, es decir, el incremento de los precios; por otro lado hay que reconocer que los trabajadores a cuenta propia, también han ajustado los precios de sus productos y por ende sus ingresos, o por ejemplo: acaso el señor que lustra zapatos, el que vende refresco, el que arregla las llantas, la señora de la tienda de la esquina, la que costura ropa, etc, cobran lo mismo hoy que hace 10 años?, naturalmente que no.

Hasta aquí se muestra que el ajuste del precio del transporte público es merecido, ahora el punto es hasta cuánto, siguiendo en el análisis, las autoridades de gobierno indicaron en el momento del “gasolinazo” el pasado año, que la incidencia del combustible en la estructura de costos del pasaje no era más del 22%, indicador que no están preciso pero que lo asumiremos como supuesto a titulo ilustrativo. TARIFA - 2

Entonces, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 3 la incidencia de congelar el precio de los combustibles solo afectaría la tarifa en aquella proporción es decir el 22% pero el IPC que 2011 vs 1999 es del 183,53% afectaría al otro 78% de elementos de la estructura de costos de la tarifa del transporte, vale decir: llantas, repuestos, mantenimiento, etc. por lo que en promedio ponderado, la estructura tarifaria del servicio de transporte debería incrementarse a una razón de 1,4315 respecto a la actual, es decir un 43.15% de incremento.

Siguiendo con el análisis, es sabido que en la estructura tarifaria del transporte existen 3 categorías: Menores o Estudiantes, Universitarios y Adultos, por lo que para determinar su incremento se debe conocer, la composición de los usuarios y la tarifa ponderada. Para ello la información más análoga que se puede tomar como referencia es la composición de la población por edades y asumir como supuesto que en esa estructura se comportan los usuarios del transporte.

TARIFA - 3 Notas del Cuadro N° 4 (1) Elaboración Propia en base a datos del INE para el 2011 reflejados en los Cuadros 2.02.08 y 2.01.38. La información expuesta refleja la estructura de la población de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para el 2011.

En ese sentido, tomando nuevamente como referencia al INE y al supuesto anteriormente referido, como se aprecia en el Cuadro Nº 4, se puede inferir que la población que paga pasaje en el transporte público está compuesta en un 35,83% para el Pasaje Menor o Escolar, 19,81% para el Pasaje Universitario y un 44,37% para el Pasaje Adulto.

Con la composición anterior y recordando que se había determinado que la estructura tarifaria del transporte debería incrementarse en un razón de 1,4315 o 43,15% más como quiera interpretarse, se debe determinar ahora dos cosas: 1) cuál es la tarifa ponderada y 2) cuales son las opciones de ajuste para la nueva tarifa del transporte. TARIFA - 4

Si se observa el Cuadro Nº 5, muestra que la tarifa ponderada actual es de Bs. 1,0031 que es la resultante de sumar la multiplicación del % de cada categoría tarifaria por su tarifa nominal actual y esta tarifa ponderada de Bs. 1,0031 incrementada en el 43.15% resulta la nueva tarifa ponderada de Bs. 1,4359.

Bajo el supuesto que él % de pasajeros de cada categoría no se altera: Cuales son las opciones para modificar estas tarifas y que cumplan con la nueva tarifa ponderada? Para ello se proponen dos opciones (ver Cuadro N° 5):

La opción 1 que supone congelar las tarifas para menores y universitarios, dejando el pasaje adulto como única a variar; si fuese así, su nueva tarifa debería ser de Bs. 2,48. Y la opción 2 que supone congelar solo la tarifa menor, si fuese así, la nueva tarifa para universitarios seria de Bs. 1 y la de adultos Bs. 2,39 y de esta manera en ambas alternativas se cumple con la tarifa ponderada. Naturalmente que con seguridad en caso electivo, la mayoría se inclinaría por la opción 1.

Pero presumiendo que se dé la opción 1, no se puede determinar una tarifa de Bs. 2,48 ya que por aspectos de moneda de curso legal se fijaría en Bs. 2,50. De darse esta situación, cuál sería el nuevo escenario?

TARIFA - 5 Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 6, con la tarifa de Bs. 2,50 se tendría una tarifa ponderada de Bs. 1,4467 y como se muestra en el Cuadro Nº 7, con ese valor alcanzaría para soportar un IPC de 185,47% o 185,47 como desee interpretarse, si se toma en cuenta que el IPC 2011 es de 183,53 quiere decir que de implementarse la tarifa a Bs. 2,50 soportaría un cuatrimestre más aproximadamente de poder adquisitivo considerando las previsiones de inflación del gobierno nacional para la gestión 2012.

Con todo lo anteriormente dicho, a criterio nuestro se demuestra que es correcto, justo y técnicamente demostrable que incrementar las tarifas del transporte público es lo que corresponde, esa es una primera verdad independientemente que entre los niveles de gobierno se discuta a quien le corresponde tomar la decisión de implementarlo, pero también una segunda verdad es que quien “cargue” en sus espaldas el tomar esa decisión, lleva consigo un costo político muy grande que le acarrearía una impopularidad enorme, costo que ninguno de los niveles de gobierno querrá asumir y para ello el mejor aliado será nuevamente dilatar la decisión, porque además el incremento de la tarifa del transporte también implicaría un nuevo incremento en los precios.

Sin embargo, pareciera que hasta aquí, en el análisis se ha asumido una posición en pro de los transportistas y no es así ya que una tercera verdad sobre este tema es que tanto ellos, es decir los transportistas, como la municipalidad y los ciudadanos, no hemos hecho nuestra parte en el reordenamiento del transporte que será de gran ayuda para poner orden a este tráfico caótico que vive la ciudad y que cada día es peor. Por ello una vez determinada la nueva estructura tarifaria, o independientemente de ello, lo más importante es planificar con tiempos y plazos, las que particularmente consideramos acciones necesarias de los diferentes actores para el determinado reordenamiento:

POR EL LADO DE LOS TRANSPORTISTAS

  1. El ofrecer un servicio con las condiciones mínimas de seguridad y comodidad y no tener personas colgadas de las puertas, a las que no les cubre el SOAT.
  2. Condiciones mínimas de trabajo para los choferes, un salario básico, renta variable, Fondo de Pensiones, Seguro de Salud y una jornada de trabajo como mandan las normas laborales y no las más de 14 horas que actualmente trabajan.
  3. Elaborar un plan de reordenamiento de rutas, evitando que por una sola calle ingresen más de una veintena de líneas de micros como lo es en las Calles Charcas, Ballivián y tantas otras. Indudablemente que si los micros “viborean” las calles, sus costos operativos se multiplicarán y con ello harán presión en la estructura de sus tarifas.
  4. Ajustarse a las normas tributarias y el propietario que tenga más unidades de las permitidas por el Sistema Tributario Integrado, debe facturar a las arcas del Estado.
  5. Implementar otro sistema de cobro, ya que el conductor debe preocuparse de conducir bien, no de medio conducir por cobrar el pasaje.

POR EL LADO DE LA MUNICIPALIDAD

  1. Coordinar con el transporte público un reordenamiento de rutas adecuado para la ciudad, que incorpore líneas de acuerdo al diseño de la ciudad es decir: los anillos y las radiales principales y secundarias.
  2. Diseñar y construir las paradas para recoger y dejar pasajeros, que los pueda proteger de la lluvia y/o el calor, pero sobre todo para que el ciudadano y el transportista no estén parando donde quieran y causar el caos vehicular para el resto de los conductores.
  3. Implementar una adecuada señalización horizontal y vertical, mantenimiento y pavimentación de las calles y avenidas por donde circularán los micros para de esta manera hacer más fácil su locomoción y trabajo, y que les permita un ahorro de costos de mantenimiento.
  4. Promover la construcción de parqueos públicos con tarifas de corta estadía para que las personas en lugar de parquearse en las calles o en doble fila, los utilicen y de esta manera tener más despejadas las calles.
  5. Controlar que los micros que trabajan en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, paguen sus impuestos de automotor en ésta, ya que si visualizamos las placas de los micros, nos daremos cuenta que un gran porcentaje tiene la sigla de otro departamento. En otras palabras, ahí tiene la municipalidad otra fuente de ingresos propios a su favor y no lo están viendo de esa manera.

POR EL LADO DEL USUARIO

  1. Entender que el servicio es público, por lo tanto el micro no debe estar recogiendo o dejando al pasajero en la puerta de su casa, si es eso lo que desea, debe pedir un taxi o un radio móvil.
  2. Entender también que el servicio público es para transportar personas, no así mercadería, evitando subir al micro con 4 canastos o todas las bolsas del mercado o con el kit completo de repuestos de un vehículo.
  3. Respetar las paradas actuales y las que vengan, como todas las normas de señalización.

Con todo lo anteriormente dicho, solo es nuestra intención el aportar con un análisis técnico y nuestro punto de vista de este problema, para que estas ideas sean analizadas, y ojala con las ideas y opiniones de todos ponerle soluciones definitivas al problema y que no se tenga que volver a los paros y el perjuicio para el usuario y para la población en general. Hasta la próxima.

Se degradó la condición de los socios de cooperativas

Por: Lic. Carlos Hugo Barbery Alpire, ECONOMISTA

Publicado en Suplemento Dinero, El Deber. 29-Ene-2013

En el sistema financiero hay dos tipos de cooperativas de ahorro y crédito: abiertas y cerradas. Las abiertas son las reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y las cerradas son de tipo societaria, que estaban en proceso de adecuación para ser reguladas.

El problema en las cerradas fue que se vino a menos el rol de los socios, porque son formadas por ese capital y están prohibidas de captar dinero del público. Entonces, las personas se convertían en socios con un depósito de $us 100 y después de cuatro a seis meses podían acceder a un préstamo, lo que empeoró la situación.

El otro factor es la colocación. Por lo general, el mayor uso de fondos de esas entidades se destina a emprendimientos inmobiliarios porque son inversiones  a largo plazo. Sin embargo, ante una ‘corrida de depósitos’, como ha sucedido en las últimas semanas, no pueden recuperar rápido el dinero.

Por ejemplo, si recordamos la Mutual Guapay, ante la devolución de los depósitos tuvo que vender su cartera al Banco Bisa y la urbanización Aqualand quedó en una pampa interesante, pero nada más.

Además, se debe tomar en cuenta que al no estar bajo el ‘paraguas de regulación’, no están el Banco Central de Bolivia ni la ASFI para responder, como intervinieron cuando quebraron algunos bancos comerciales. No olvidemos que el soporte del encaje legal permite que la gente pueda retirar su dinero.

Incluso, cuando una entidad financiera regulada sufre una corrida de depósitos, y no tiene problemas esa situación se convierte en una fortaleza, y la gente vuelve a confiar y depositar su dinero.

La quiebra o intervención de las cooperativas cerradas en los últimos meses vemos que surge de un ‘efecto dominó’. La mayoría de las personas que accede a ellas no entienden el sistema y carece de información, entonces no diferencia entre abiertas y cerradas.

Ahora, podemos ver que fallaron varios actores. Sabemos que no es competencia de la ASFI, pero los depositantes creen que es una situación muy cómoda, entonces debió aplicar alertas cuando se degradó la calidad de socios y elaborar una normativa para exigir un proceso de adecuación, antes de que sucediera la crisis.

¿Qué hay más allá del proceso presupuestario, en el sector público?

Por: Lic. Carlos Hugo Barbery Alpire, ECONOMISTA.

Publicado en la Revista Contacto Económico, Noviembre 2011.

Hace algunos años juntamente con un pequeño grupo de jóvenes graduados, asistimos a la conferencia del Dr. Niels Pflaeging que conjuntamente con la Harvard Business Review nos traía un concepto nuevo, el ‘Beyond Budgeting’ o La Revolución del Desempeño, más allá del proceso presupuestario. Si bien no es la intención entrar en esta temática, adoptamos esta última frase para desarrollar nuestro ‘paper’ y preguntar: ¿Qué hay más allá del proceso presupuestario, en el sector público?.

Se formula esta interrogante porque durante mucho tiempo se ha recibido la información de parte de las diferentes autoridades del nivel central del Estado, en el sentido de la ‘buena salud’ de la que gozan las finanzas públicas. Estas aseveraciones, reforzadas por los diferentes ‘bonos’ que otorga el gobierno, principalmente Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad; los continuos ajustes salariales anuales en función a la inflación, los miles de millones de dólares de reservas internacionales, los cheques que se entregan provenientes del programa ‘Evo Cumple’, en fin una serie de acciones que dejaban al ciudadano de a pie, con la percepción que en Bolivia se goza de una ‘bonanza’ económica, sobre todo en términos fiscales.

Sin embargo, desde inicio de año, han habido medidas que han comenzado a generar debate ya no entre analistas o profesionales, sino precisamente entre el ciudadano de a pié, que seguramente no entiende, como es que teniendo tanta ‘bonanza’ se haya pretendido duplicar el precio de los combustibles a principios de año, o escuche cada vez la queja de los gobiernos municipales o gobernaciones por constantes ‘recortes’ presupuestarios, o que no se le haya otorgado el incremento salarial que pretendía la COB a principios de año o peor aún, que probablemente en el presupuesto para el 2012 no se contemple el incremento salarial como lo hubieran aseverado desde el Ministerio de Economía y la Comisión Económica de la Cámara Baja [El Deber, 18-Oct-2011], so pretexto, de un probable déficit presupuestario, lo cual parece incongruente, ya que datos del Ministerio de Economía expuestos en su portal web, muestran un superávit de 4.5% del PIB al segundo trimestre del 2011.

¿Cómo se entiende todo ello?, es muy complejo y vasto el análisis, como innumerables las variables a tomar en cuenta en él, sin embargo, si se revisa el presupuesto general del Estado, es muy probable que algunas luces se puedan rescatar. Pero, ¿por qué el presupuesto público?, pues porque es éste el que refleja en números el tipo de gestión que pretende llevar adelante el Estado en cualesquiera de sus niveles de gobierno.

A continuación se expone, sin el ánimo de adjudicarnos objetividad, un análisis comparativo del presupuesto general del nivel central del Estado entre dos gestiones que se dice son diametralmente opuestas, es decir, la gestión 2000 de un gobierno de ‘derecha’ con orientación capitalista [Hugo Banzer] y la actual 2011 de un gobierno de ‘izquierda’ de orientación socialista [Evo Morales].

SP - 1

Antes de iniciar este ‘breve análisis’ es preciso recalcar que los importes por transferencias de la partida 10000, es decir sueldos y salarios, para las Prefecturas o Gobernaciones, se constituyen en un mero registro contable, ya que la determinación del salario, la cantidad y distribución de los ítem en estos sectores son eminentemente tuición del ministerio del área.

Sin embargo, si se compara ambas gestiones (a partir de Cuadro No.1) incluyendo las transferencias a las prefecturas o gobernaciones, se puede deducir que en la gestión 2000 por cada Bs. 1 presupuestado en el área política, se presupuestaron Bs. 1,78 en el área social y en el 2011, por cada Bs. 1 presupuestado en el área política, se presupuestaron Bs. 1,99 en el área social. La pregunta es, ¿será suficiente esta propensión?

Aunque técnicamente loa niveles de precios de ambas gestiones son distintos, un dato que se observa como ‘curioso’ (Cuadro No.1) está en el hecho que en la gestión 2000, con gastos reservados incluidos, el Ministerio de Gobierno, tenía asignado un presupuesto de Bs. 594,38 millones, mientras que el presente cuenta con un presupuesto de Bs. 1.887,22 millones, es decir un incremento de 217.51%, sin embargo, es importante aclarar que el importe destinado a la partida 10000 tanto del presupuesto asignado al Ministerio de Gobierno como al de Defensa, es de 62% y 68% respectivamente.

SP - 2

Al analizar la evolución del salario mínimo nacional, comparando ambas gestiones, se observa en el Cuadro No.2 que ha tenido un incremento absoluto de Bs. 330 a Bs. 815, lo cual explica en buena proporción el incremento presupuestario tanto a nivel de transferencias y de los ministerios del área política, expuestos en el Cuadro No.1, el resto podría ser atribuido al incremento del personal de salud como al personal de seguridad, la pregunta es, ¿habrá sido el necesario?.

Respecto al presupuesto asignado al área social, se lanza la pregunta en el sentido si acaso, fue posible haberle asignado mayores recursos, considerando que los ingresos fiscales se han incrementado en promedio 22% cada año durante los últimos cinco años, y además como se deduce del Cuadro No.2, la participación del PGN respecto al PIB ha pasado de un 44.38% en el 2000 a un 86,64% en el 2011, denotando la creciente influencia del sector público en la economía nacional.

SP - 3

Del Cuadro No. 3 en relación al Cuadro No.1, respecto a las transferencias a las prefecturas o gobernaciones, se puede deducir que en general hubo un incremento del 244,93% el 2011 respecto al 2000, sin embargo, si se analiza con relación a la población de cada departamento, se puede deducir que la población del departamento de Santa Cruz se ha incrementado en 38,96%, pasando de representar el 23,79% de la población nacional el 2000, al 26,72% en el 2011, sin embargo, proporcionalmente en términos per cápita, ha recibido el mismo incremento que el resto de los departamentos, por lo que este se constituiría en un dato más para el sustento de la necesidad imperante de un nuevo censo nacional.

Otro aspecto que llama la atención está referido puntualmente al presupuesto del Ministerio de Salud y Deportes, considerando que el porcentaje destinado al sector salud del total de las transferencias a los niveles departamentales es aproximadamente de un 16%, se puede deducir (Cuadro No.1 y Cuadro No.3) que comparativamente con otros ministerios del área política, tiene una relación relativamente similar, ya que antes (2000) era el 93.73% del Ministerio de Gobierno y el 70.17% del Ministerio de Defensa, ahora (2011) es el 94.92% del Ministerio de Gobierno y el 87.19% del Ministerio de Defensa. Estas relaciones que parecen no tener en términos porcentuales mayores diferencias, sí la alcanza en términos de cumplimiento constitucional, si se considera que en el Art. 37 de la Nueva Constitución aprobada en 2009, establece que la salud es función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado en todos sus niveles de gobierno.

En este sentido, queda lanzada la pregunta: ¿Dados los montos presupuestarios expuestos, se estaría cumpliendo con lo establecido en el Art. 37 de la CPE?. Se formula esta interrogante ya que para el siguiente año pareciera complicado de cumplir ya que las gobernaciones, particularmente la de Santa Cruz, ha anunciado que no tendría los recursos para hacer frente a la competencia del 3er. Nivel de atención en Salud [como lo manda la Ley 031 de Autonomías, Art. 81, III, n.1], es decir, los hospitales donde se atienden las patologías de complejidad, [El Deber, 26-Ago-2011].

Los análisis comparativos reflejados en líneas superiores, tan breves como generales por cierto, se exponen con el único propósito de ejercicio de reflexión, ejercicio que debe hacérselo para todos los niveles de gobierno, puesto que, si a tan precisa como suprema competencia se le brinda el tratamiento que los números reflejan, pues difícilmente se podría esperar una atención, aunque fuera de lo mínimo indispensable, hacia otras competencias que no tienen tanta fuerza constitucional y se alinean en los primeros lugares cuando de ‘recortes’ presupuestarios se trata, como son: promoción de culturas, fomento al turismo intra-regional, protección a los parques nacionales, etc.

Por ello, se reiteran las preguntas: ¿Qué hay más allá del proceso presupuestario, en el sector público?, ¿Qué tipo de gestión es la que se pretende llevar adelante en la actualidad?

Hasta la próxima.

Para hacer negocios, ¿La Paz primero que Santa Cruz de la Sierra?

Por: Lic. Carlos Hugo Barbery Alpire, ECONOMISTA

Publicado en el Semanario Uno, Diciembre 2012

Diciembre es un mes de reflexión, para quienes somos católicos empezamos venerando a la patrona del Oriente Boliviano, a la “Mamita de Cotoca” para luego celebrar el nacimiento del salvador y empezar un nuevo año. Es un buen momento para pensar lo que ha sido nuestro accionar en el año que termina y aunque ese tipo de introspecciones las realizamos a nivel personal o a lo sumo en el contexto familiar, estoy seguro que es bueno que todos hagamos el ejercicio como ciudadanos cruceños independientemente del rol y del lugar que nos toque desempeñar en la sociedad.

Esa meditación individual que de ejercitarse en colectivo, nos llevará con seguridad a situarnos como sociedad en la dimensión real en la que actualmente nos encontramos y preguntarnos al final del ejercicio, ¿Cómo se ha desenvuelto el liderazgo de Santa Cruz? ¿Lo seguimos teniendo? ¿Es liderazgo cuantitativo o cualitativo? Es muy necesario repensar las cosas porque creemos que se nos estaría escapando de las manos. Por eso nos atrevemos a escribir este pequeño “menjunje” entre economía, historia y coyuntura sobre Santa Cruz en este 2012.

En el mundo de los negocios -reflexionan los artículos de las mejores escuelas de negocios- suele decirse que, normalmente los resultados negativos son únicamente “la punta del iceberg” de todo un cúmulo de decisiones erróneas de la gestión empresarial, que pueden ir desde una simple adaptación de procesos hasta las más complejas decisiones de inversión o financiamiento.

De modo análogo debemos reflexionar para tener la visión de poder identificar esos detalles, reflejados en datos, que son precisamente “la punta del iceberg” que nos permita entender por qué “el liderazgo de Santa Cruz” está hoy por hoy como está, aparentemente debilitado o cuanto menos, en entredicho.

Entremos en materia:

En términos de bienestar, como lo expone POPULI, el Instituto Legatum de Londres construye desde el 2009 el Índice de Prosperidad para 110 países del globo, para lo cual establece tres rangos: el primero, se refiere a países con un elevado nivel de prosperidad donde se encuentran países como Estados Unidos, Japón o Alemania; el segundo, se refiere a países con moderado nivel de prosperidad entre los cuales figuran países como Brasil, China o Rusia y finalmente, el tercero que se refiere a países con bajo nivel de prosperidad donde se encuentran países como Ecuador, India o Bolivia. Para la construcción de estos índices, sus creadores tomaron en cuenta muchas variables como ser: el ambiente macroeconómico, la calidad de vida de las personas; en la que se incluyen temas como: seguridad, salud, libertad personal, gobernabilidad, oportunidades de emprendimiento, capital social y educación. Por esta razón es que países en los cuales sus cifras macroeconómicas son interesantes -como Bolivia-, figuren con niveles bajos en el Índice de Prosperidad.

Es evidente que estamos inmersos en una realidad de país que tiene muchos años de trabajo por debajo de sus pares de Sudamérica, ni que hablar de los de Europa o Asia. Pero además otra fuente también conduce a conclusiones similares; si analizamos el Índice de Libertad Económica, para el 2012 según The Heritage Foundations, Bolivia ocupa el puesto 146 a nivel mundial con un índice de 50.2 situándose muy cerca del límite inferior de la categoría Mayormente controlada (50 a 59.9); para una ligera comparación, Venezuela se encuentra en el puesto 174 con un índice de 38.1 situándose en el promedio de la categoría reprimida (menos de 50) y Chile se encuentra en el puesto 7 con un índice de 78.3 cercano al límite superior de la categoría mayormente libre (70 a 79.9).

Esta misma fuente explica que la intensidad de la pobreza en economías mayormente controladas y/o reprimidas (0.24) es 3 veces superior que la que experimentan las economías mayormente y/o moderadamente libres (0.08). Esto también se evidencia en el indicador de sus correspondientes PIB per cápita a paridad del poder adquisitivo, mientras que en las primeras es de $us. 8.243, en las segundas es de $us. 25.198.

Sin embargo y a pesar de los números macroeconómicos que se exponen a diario sobre Bolivia, que son positivos -el análisis de estructura y coyuntura de cómo se lograron es otro tema-  queda claro que no es suficiente ya que aún estamos apenas por alcanzar un tercio del nivel de PIB per cápita a paridad del poder adquisitivo para estar al nivel promedio de las económicas mayormente controladas o reprimidas.

Hasta aquí se han visto análisis similares de fuentes diferentes que, en relación al país -Bolivia- llegan a conclusiones afines. Sin embargo dentro de ese marco, ¿Cómo se desenvuelven las diferentes ciudades de Bolivia?, principalmente las denominadas capitales del eje central y específicamente Santa Cruz de la Sierra y su liderazgo en el contexto nacional.

En su edición del lunes 10 de diciembre, el periódico El Día publicó un análisis (en el cual emitimos algunos criterios) sobre las ciudades para hacer negocios y realizaba la comparación entre las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra en función a lo recientemente publicado por la Revista Internacional América Economía, en la cual sitúa a la ciudad de La Paz por encima de Santa Cruz de la Sierra.

Sin embargo, pretendemos profundizar un paso más en el análisis y preguntarnos: ¿Por qué la extrañeza en el 2012 si en el 2010 dicha fuente ya reflejaba aquello? Para ambos análisis la metodología establece las siguientes ponderaciones para la configuración del ranking: Marco Social y Político (15%), Marco y Dinamismo Económico (25%), Servicios a Empresas (10%), Servicios a Ejecutivos (10%), Infraestructura y Conectividad Física (10%), Capital Humano (10%), Sustentabilidad Medioambiental (5%), Poder de Marca (15%).

En relación a lo expuesto por la Revista Internacional América Economía, si hacemos una comparación entre ambos periodos, podemos encontrar lo siguiente:

Para el 2010 la ciudad de La Paz se situaba en el puesto 35 con un PIB pc de $us. 1.492; el Marco y Dinamismo Económico de 55.3; Marco Social y Político de 59.2; Capital Humano de 40.4 y un Poder de Marca de 46.1. Para el mismo periodo la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se situaba en el puesto 36 con un PIB pc de $us. 2.030; el Marco y Dinamismo Económico de 54.9; Marco Social y Político de 63.6; Capital Humano de 39.4 y un Poder de Marca de 38.6.

Para el 2012 la ciudad de La Paz se sitúa en el puesto 38 con un PIB pc de $us. 2.506; el Marco y Dinamismo Económico de 62.0; Marco Social y Político de 66.3; Capital Humano de 44.6 y un Poder de Marca de 60.7. Para el mismo periodo la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se sitúa en el puesto 45 con un PIB pc de $us. 2.093; el Marco y Dinamismo Económico de 61.7; Marco Social y Político de 69.2; Capital Humano de 41.1 y un Poder de Marca de 53.2.

Tratando de interpretar todos esos números, es natural que a mayor participación del estado en la economía, pues la ciudad de La Paz experimente un mayor crecimiento de su PIB pc debido a la creciente generación de empleos públicos a diferencia de otras épocas, tanto en los niveles de gobierno como en las empresas públicas, acompañado por supuesto de una mayor actividad económica lo que se refleja en un mayor registro de comercios, mientras que Santa Cruz de la Sierra por su crecimiento demográfico mayor a su crecimiento económico experimente un aparente estancamiento de su PIB pc.

Si bien en términos del marco y dinamismo económico, ambas ciudades han tenido similares logros (6.70 puntos), queda claro que en el marco social y político Santa Cruz de la Sierra no ha experimentado el mismo cambio que La Paz (1.50 puntos menos), aquello en parte puede entenderse por el nivel de conflictividad que se ha atenuado un poco en La Paz y se ha acrecentado otro tanto en Santa Cruz de la Sierra, quizás por ser el único bastión políticamente contrario al gobierno nacional, lo cual es muy palpable en las calles.

Sin embargo los dos siguientes parámetros son los más preocupantes; en términos de Capital Humano, Santa Cruz de la Sierra no ha experimentado el mismo cambio que La Paz (2.50 puntos menos), ¿Qué ha pasado para que ello ocurra? De repente para respondernos aquello debemos partir por hacernos una pregunta compuesta; ¿Qué calidad de bachilleres están entregando los colegios de Santa Cruz de la Sierra al sistema universitario nacional y qué calidad de profesionales están entregando las universidades de Santa Cruz de la Sierra al mercado laboral? Seguramente allí se encontrará respuesta.

El poder de marca es otro tema que si bien ambas ciudades tuvieron similares cambios de una medición a otra, queda claro que desde la medición del 2010, la ciudad de La Paz tiene mejor posicionamiento de marca que Santa Cruz de la Sierra. ¿Eso es casualidad? Para nada, es preciso recordar que desde la celebración del Bicentenario de su Grito Libertario (2009), La Paz inició una fuerte campaña de posicionamiento, la estrategia de “La Paz Líder” está dando sus frutos, sus autoridades tuvieron la visión de aprovechar una fecha histórica de apalancamiento cívico para generar escenarios que incentiven el impulso de ciudad a nivel internacional. Y la pregunta es: ¿Qué se hizo en Santa Cruz?, además de la celebración del Bicentenario (2010) se tuvo la celebración de los 450 años de fundación de la ciudad (2011). Está claro que no se trabajó mínimamente como La Paz lo hizo y recién se ha trabajado en la denominada “Marca Santa Cruz” cuando ya el escenario y la coyuntura es más compleja de “vender”.

Los resultados no son producto de la casualidad efímera sino de la causalidad temporal en la gestión tanto pública como empresarial; por aciertos, permisiones, errores u omisiones; los números no dejaran mentir. Y está claro que todos los indicadores que tiene Santa Cruz actualmente en relación a su economía fundamentalmente, reflejan un liderazgo cuantitativo, porque en cuanto a liderazgo cualitativo, se evidencian señales que ya nos tomaron ventaja y el primer paso para replantear las cosas es asumir que tenemos fallas que hay que corregir.

Pero continuando con la analogía que mencionábamos al principio, lo que se ha visto hasta ahora -pese a no ser poca cosa- no es más que justamente “la punta del iceberg” que esconde en sí mismo una serie de situaciones que soportan la explicación. Por ello debemos recordar muy bien ¿Qué ha pasado en este 2012 en Bolivia y en Santa Cruz en particular?

Sin seguir necesariamente una cronología temporal de los sucesos, a criterio nuestro, entre los más relevantes se pueden citar:

Los problemas políticos y judiciales que tuvieron como actores principales a los miembros del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al Ejecutivo Municipal y al Sistema Judicial que prácticamente paralizó al municipio más grande de Bolivia, además de los conflictos sociales que ello acarreó. Misma situación aunque no tan traumática -como lo fue el 2011 con la Asamblea Legislativa Departamental- se ha vivido con los procesos judiciales y sus consecutivas suspensiones en torno al Gobernador del Departamento, o finalmente la suspensión de varios alcaldes que mayormente tenían relaciones con la cooperación externa como el caso del municipio de La Guardia o anteriormente Warnes.

La conflictividad en las calles ha sido una constante que en mayor o menor medida ha perjudicado el desenvolvimiento natural del día a día de la ciudad y el departamento en ciertas ocasiones, los problemas con el sector del autotransporte y gremiales por diferentes motivos; precio del pasaje, extinción de dominio a favor del estado, o control de la emisión de facturas; las tomas de tierras en predios productivos o la prohibición del uso de transgénicos en el proceso de siembra, han sido también motivo de tensión.

Las trabas a las exportaciones de commodities, azúcar, soja y oleaginosas -principalmente- también han puesto su toque en cuanto a malas señales se refiere; ya lo mencionaba el reconocido economista chileno José De Gregorio en el Foro Económico organizado por la CAINCO -interpretación propia, no transcripción literal- si afuera tenemos un precio mejor, exportemos y estructuremos mecanismos de producción alternativa interna y no castiguemos al productor a financiar con su ganancia una debilidad estructural del sistema.

Los problemas que han tenido algunas de las cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero, sumado al impuesto a la venta de moneda extranjera y a la posibilidad de una administración de las tasas de interés a través del Estado, son señales que no necesariamente puedan atraer el dinero para ser invertido, ya que en diferentes ángulos, en mayor o menor grado se podría estar golpeando la principal variable que sostiene cualquier sistema financiero; la confianza.

No se debe olvidar que a nivel internacional, el estigma del caso terrorismo que se mostró como responsable a “la oligarquía cruceña” también ha tenido que perjudicar de alguna manera a que Santa Cruz de la Sierra, sea una ciudad para hacer negocios.

Aunque al parecer se estarían por dar ciertas señales que ayudarían a paliar en algo la actual situación como la autorización de un aparente cupo para la exportación de azúcar, la legislación de ampliación de plazo de 2 a 5 años para la revisión de la FES; no se debe olvidar también que existen muchos proyectos que vienen aplazándose mucho tiempo y que apalancarían el desarrollo regional como ser: el Mutún, la conexión en Puerto Banegas y la carretera Concepción – San Ignacio de Velasco – San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco – San Matías, por citar las de mayor relevancia.

Finalmente los ajustes de cuentas -entiéndase asesinatos- fruto de actividades ilícitas que han llevado a disparar la inseguridad en Santa Cruz a niveles insostenibles y si a aquello se suma el gran debilitamiento institucional que ha sufrido el sistema judicial a partir del involucramiento de muchos de sus estamentos en la red de extorsionadores recientemente de conocimiento público, sumados a funcionarios de alto rango del gobierno, no precisamente ayudan a un clima favorable para pensar en Santa Cruz como destino de dinero para hacer negocios.

Pese a todo, se hacen grandes esfuerzos en el sector privado y público local para que se puedan tener resultados alentadores, lo que sí está claro es que ya no es suficiente.

No se trata de juzgar a nadie -personas o instituciones- sino de exponer una interpretación de fuentes, que no son nuestras, ni del gobierno de turno ni de contrarios locales, son como nos muestran afuera de nuestras fronteras y es allá donde se tiene que “vender” Santa Cruz pero para ello, primero se debe preparar un buen producto en casa.

Feliz Navidad y un Venturoso 2013. Hasta la próxima.

Los pesos y contrapesos, las desigualdades e inequidades. Los nuevos desafíos de las políticas públicas a encarar a partir de los resultados del Censo 2012

Por: Lic. Carlos Hugo Barbery, ECONOMISTA

Publicado en la Revista Enfoque Económico del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Diciembre 2012

¿Durante la semana pasada ud. trabajó? fue una de las preguntas que me realizó el empadronador en el Censo pasado del 2001, en aquella oportunidad fue la pregunta más debatida a raíz del desempleo que se campeaba casi en toda la región sudamericana, principalmente en países que habían adoptado medidas de ajuste -como el nuestro- o que habían colapsado sus sistemas financieros por shock de deuda como el caso de Argentina. Como en aquella oportunidad, este Censo 2012 que se desarrolló el 21 de noviembre trajo consigo también preguntas polémicas como en este caso la relacionada con la identidad o pertenencia, pero este detalle será expuesto más adelante al analizar los errores de la etapa pre-censal.

En lo personal hemos tenido la suerte de haber participado de dos eventos de una talla académica del más alto nivel; el primero, el 5to. Encuentro de Economistas de Bolivia cuyo tema central fue “Crecimiento y Desarrollo Económico desde las Regiones” donde presenciamos las ponencias de tres reconocidos intelectuales de la corriente descentralizadora y de economía regional, ellos son: Jean Paul Faguet de la London Economic School, Edgar Moncayo de la Universidad de Bogotá y Juan Cuadrado Roura de la Universidad de Madrid; y el segundo, el 5to. Foro Económico cuyo tema central fue: “Perspectivas Sociales y Económicas en Bolivia a partir del Censo 2012” donde presenciamos las ponencias de otros tres reconocidos intelectuales de aquella temática, ellos son: Claudio Providas del PNUD, Iván Velásquez de Konrad Adenauer y Reymi Ferreira de la Universidad Gabriel Rene Moreno.

Desarrollaremos el presente artículo a partir de la interpretación que hacemos sintetizando todas las ponencias antes mencionadas, el aporte propio y exponiendo algunos números relacionados a distribución de recursos y escaños parlamentarios, que muchas personas del quehacer político están mostrando cifras al respecto y que nos atreveremos a confrontar.

Entre algunos antecedentes y generalidades sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, podemos mencionar los siguientes:

Es preciso partir de un análisis comparado en cuanto a la inversión que se realiza en la obtención de información estadística y estratégica, se dice estratégica porque a partir de ella, en teoría, se definen las políticas públicas. En este sentido encontramos que Bolivia esta último en la región, invirtiendo 5 veces menos que el penúltimo de la lista que es Colombia y 11 veces menos que el primero que es México que invierte aproximadamente 3 dólares per cápita anual para la construcción de sus estadísticas, lo que demuestra que es preciso invertir más en esta variable, incorporando a los gobiernos departamentales y locales, para que construyan las estadísticas relacionadas con sus competencias.

Complementando lo anteriormente mencionado, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 tiene un costo total de $us. 60 millones, pero solo $us. 10 millones son financiados por el TGN, el resto es financiado por el Banco Mundial a 0% de interés y 20 años de plazo. De cierta manera estos datos explican parte de lo mencionado en el párrafo anterior.

Ahora, se mencionaba al principio las polémicas que se presentaron en la etapa pre-censal, respecto a la pregunta relacionada a la identidad o pertenencia, se omitió la opción “mestizo” por diferentes justificativos emanados desde el Gobierno, sin embargo el estudio denominado “Causas de la conflictividad en Bolivia” patrocinado por la Fundación Boliviana por la Democracia Multipartidaria reveló que al más del 70% de los encuestados se considera “mestizo o cholo”. Y por otro lado, el gran problema en la actualización cartográfica lo que generó un sin número de problemas de límites inter-municipales, lo cual no era extraño que ocurriera ya que en la actualidad de los 339 municipios solo el 7% cuenta con limites definidos; problemas limítrofes, que van de la mano por la inclusión o no en determinados territorios de núcleos familiares, que lleva consigo un significado económico ya que la regla general en términos de redistribución de recursos, estila que a mayor crecimiento poblacional por consiguiente mayores recursos.

Por otro lado consideramos que en este Censo 2012, se dio una oportunidad perdida para haber conocido la realidad nacional sobre el consumo de la hoja de coca, habiendo formulado una pregunta de tres opciones: ¿Mastica coca? ¿De qué región proviene la coca que ud. mastica? y ¿Con que frecuencia ud. mastica coca?. De haberse dado esta pregunta se hubiera podido conocer con exactitud: ¿Cuánto es la demanda real de coca?, ¿Quiénes mayormente la consumen?, es decir: hombres o mujeres; del oriente o del occidente; trabajadores por cuenta propia o asalariados, etc. Y lo más importante ¿Cuál es la coca que más se consume; la de Yungas o la de Chapare?. Por alguna razón se decidió no incluir esta situación y perder así una oportunidad interesante.

Finalmente a partir de aquellos datos hubiera sido posible determinar ¿Qué tipo de artículo de consumo es; si de consumo masivo o suntuoso? Ya que si consideramos una simple comparación de precios con algunos artículos de la canasta familiar, se puede apreciar que por ejemplo: la libra de coca cuesta aproximadamente unos Bs. 45, mientras que la libra de azúcar cuesta Bs. 3 (Bs. 6,50 kg), la libra de papa holandesa cuesta Bs. 1,80 (Bs. 45 la arroba) y la libra de carne de pollo cuesta Bs. 6 (Bs. 13 kg). Dados estos datos, ¿No merecerá un control no solo de producción sino de precios?. Es un tema para el debate.

Entrando un poco a la temática, es preciso revisar algo de teoría respecto a para qué sirven los resultados de un Censo, veamos lo siguiente:

Sin lugar a dudas que a partir de los resultados que emanen de un Censo, se pueden planificar de mejor manera las políticas públicas en cuanto a inversión y gasto, redistribución de recursos entre las unidades territoriales, profundización de la descentralización y fundamentalmente reducir las disparidades intra-regionales e inter-regionales.

Si bien las regiones urbanas y rurales registran disparidades muy significativas en sus resultados, no es menos cierto que las estadísticas evidencian que el crecimiento es posible en todo tipo de regiones, tanto urbanas, intermedias como rurales. De allí que se evidencia empíricamente la necesidad de evitar la profundización de las heterogeneidades territoriales y apegarse por una mayor cohesión interregional.

Desde la perspectiva teórica, la responsabilidad (entiéndase competencias) se asigna al nivel que abarca todas las externalidades relevantes, es decir: externalidades nacionales con Gobierno Nacional y externalidades locales con Gobiernos Locales. El Teorema de Oates (1972) sobre la Descentralización, explica en el mismo sentido que el gobierno local debería ser responsable para todo gasto que no implican externalidades algunas hacia otros municipios. Por ejemplo: Recolección de Basuras, Estaciones de Bomberos, entre otros.

El gran debate se centra en la redistribución de recursos, o también llamados transferencias intergubernamentales (entiéndase del nivel de gobierno central, hacia los niveles sub-nacionales), éstas normalmente cumplen dos objetivos: el primero, una compensación vertical, es decir: igualar los costos de los servicios locales con los ingresos locales y el segundo, una compensación horizontal, es decir: igualar los ingresos de las regiones “ricas” con los ingresos de las regiones “pobres” en términos per cápita.

Finalmente queda en evidencia que el surgimiento de lo regional (sub-nacional) hace parte de un proceso complejo de redimensionamiento del Estado contemporáneo, ya que si se sigue mirando los datos nacionales, tendremos datos promedios, desempleo promedio, inflación promedio, crecimiento promedio, etc. Y los promedios a la velocidad del mundo actual, no hacen otra cosa que esconder ineficiencias y desigualdades.

Ahora veamos algunas generalidades de la situación actual de Bolivia, así podemos indicar que:

Para ser honestos en términos comparativos es preciso indicar que las asimetrías entre regiones se han acrecentado casi un 70% entre 1995 y 2008 en los países de la OECD, por lo que la realidad actual en Bolivia es una realidad a nivel mundial, donde los gestores de políticas públicas se han aplazado en el sentido de crear espacios de desarrollo regional, por lo que las masas poblacionales se han visto en la necesidad de migrar hacia los centros urbanos en la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y de calidad de vida.

Ahora bien, actualmente para nadie es desconocido que existe una coyuntura externa de precios de materias primas favorables, pero una economía interna con alta tercerización e informalidad.

Estos precios favorables de materias primas, llevan a que se refuercen las economías de enclaves (petróleo y gas fundamentalmente) que reflejan alta productividad pero baja generación de empleo, ayudan a una interesante dinámica en la economía urbana, que es en parte una explicación de la informalidad y tercerización, pero que a la vez refleja una escasa articulación entre sectores dinámicos y de subsistencia, bajo desarrollo industrial y proliferación de las MyPES con baja productividad.

Actualmente se sigue apostando desde el estado al crecimiento en base a los recursos naturales, lo cual ha derivado en políticas económicas que desincentivan la transformación productiva, recientemente para citar ejemplos, el problema de la utilización de transgénicos y la alternabilidad de cultivos en la recientemente promulgada Ley de la madre tierra. Parafraseando al economista Gonzalo Chávez, es necesario no mirar únicamente a la tierra para buscar recursos naturales, sino mirar hacia el cielo para incorporarse al mundo tecnológico que nos ofrece la nube de internet.

Desde la implementación de la Ley de Participación Popular primero y la normativa de redistribución del IDH después, quedó demostrado que las transferencias monetarias son una forma de redistribución, pero precisan ser complementadas por otro tipo de políticas de desarrollo, porque no es la misma eficiencia que pueden ejercitar por ejemplo municipios que reciben 20 o 50 veces menos recursos que otros; tanto por capacidad administrativa como por capacidad económica en negociaciones de precios para ejecutar los programas.

Ahora la gran interrogante es: ¿Cómo es posible transitar de una economía de enclave a una de base ancha -entiéndase de efecto multiplicador- considerando  los males del contrabando, informalidad y narcotráfico?. Es un debate de dimensiones interminables.

Sin lugar a dudas, el punto central de todos los análisis que se hacen al respecto; los pesos y contrapesos, las desigualdades e inequidades. En este sentido vemos lo siguiente:

Los números son claros, bajo los esquemas actuales de crecimiento y desigualdad a Bolivia le tomaría 178 años salir de la pobreza, sin embargo si el indicador de Gini se redujera 10%, tomarían 123 años y si se redujera 20%, tomarían 86 años, por lo que es preciso empezar a hacer mejor las cosas -entiéndase políticas públicas- y no perder tiempo.

En términos de bienestar económico hay mucho que envidiar, considerando 1980=100; Bolivia, Chile y Corea del Sur hoy por hoy tienen realidades diferentes, 30 años después, Bolivia duplico su ingreso per cápita, Chile lo elevó 5 veces y Corea del Sur 13 veces.

En los últimos años se ha dado un proceso creciente de urbanización de la población, mientras que en 1950 la población urbana era del 26% para el 2001 fue del 62% y se espera que para el 2030 sea cercana al 75%, por otro lado, según las proyecciones del INE, este 2012 más de 80 municipios en Bolivia registrarán decrecimiento poblacional y más de 220 tendrán un crecimiento ligeramente menor que el promedio nacional. Por lo anteriormente mencionado está claro que amerita un análisis profundo de las políticas de desarrollo rural y si el actual mecanismo de transferencias basado únicamente en base a población es el adecuado, dada esta realidad.

Sin embargo: ¿Qué de bueno se ha alcanzado?. En los últimos 30 años, la esperanza de vida aumento de 45 a 65 años, la tasa de alfabetización se incrementó de 63% a 91% y entre el 2000 y 2008 la pobreza extrema se redujo de 45% a 33% y la pobreza moderada de 66% a 59%. 3 de cada 10 personas se insertan en ocupaciones mejor remuneradas que sus padres, 6 en similares y solo 1 en peores. Sin embargo, para 1970 el 20% más rico poseía el 59% del ingreso y el 20% más pobre poseía el 4% del ingreso; para el 2007 aquello paso a 60% y 2% respectivamente.

Aunque no necesariamente son mediciones comparables, como referencia es importante saber que sobre el criterio de las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), para 1976, 86 de cada 100 personas en Bolivia tenían NBI, para 1992 fueron 71, para el 2001 fueron 59 y se espera que para este 2012 se llegue a las 50.

Anteriormente se mencionaba que la informalidad es una de las tareas a ajustar, los datos reflejan que en términos de ingresos, el sector formal duplica al sector informal, así considerando el ingreso mensual promedio para el 2007; en el sector formal era de Bs. 2.280.- y en el informal era de Bs. 1.148.- y en general el ingreso del varón es en promedio 50% más que el de la mujer.

Las disparidades también se dan entre regiones, así si analizamos el PIB en términos per cápita se puede ver que éste equivale a Bs. 29.874 en Tarija y Bs. 8.999 en el Beni y en términos de Inversión Pública per cápita, el promedio nacional es de Bs. 1.031, sin embargo en Pando es de Bs. 2.887 y en Cochabamba es de Bs. 752.

Finalmente para cerrar las cifras, se da la paradoja más lacerante, un país que constitucionalmente se llama, entre otras cosas, descentralizado y con autonomías; es absolutamente inconsistente que en términos del presupuesto nacional, el 52% lo concentra el Gobierno Central, el 34% las empresas públicas (86% maneja directa e indirectamente el Gobierno Central), 2% las Universidades Públicas, 4% los Gobiernos Departamentales y 8% los Gobiernos Municipales.

Sin embargo, las inequidades no solo se reflejan en términos presupuestarios entre los niveles de gobierno, o en términos de PIB per cápita, etc. llegan de diferentes maneras al conjunto de la población, fundamentalmente por seis factores: Desigualdad en la distribución del ingreso, desigualdad en la asignación de la tierra, salarios inequitativos, asimetrías en la educación, diferencias en el acceso a la salud y desempleo preocupante.

Pero hasta el momento no se ha tocado este tema como la gran mayoría de los involucrados en el quehacer político lo enfoca, y tomando el caso de Santa Cruz específicamente en torno a dos preguntas: la primera, ¿Cuánto se incrementarán las transferencias por coparticipación tributaria con los nuevos datos poblacionales? y ¿Cuántos escaños en la cámara de diputados le tocara a Santa Cruz con los nuevos datos poblacionales? Que como se indicaba al inicio del artículo, nos atreveremos a confrontar.

Para responder a la primera pregunta, hay que partir indicando que, bajo la metodología actual, una mayor población no garantiza mayores recursos por coparticipación. En tanto el crecimiento poblacional de un determinado municipio sea superior al crecimiento poblacional nacional, ahí sí se dará un incremento de recursos por coparticipación, caso contrario no ocurrirá.

Así por ejemplo, Bolivia en el 2001 tuvo una población de 8.3 millones de habitantes y se espera para este 2012 unos 10.3 millones. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra tuvo el 2001 1.13 millones de habitantes por los que recibió por concepto de coparticipación tributaria 340 millones de bolivianos el 2006 y 603 millones de bolivianos el 2012 en términos de presupuesto. Si se hubiera redistribuido en base a la población de aquellos años, hubiera recibido el 2006 unos 410 millones de bolivianos y el 2012 unos 830 millones de bolivianos, considerando para este último cálculo un estimado de 1.9 millones de habitantes.

Analizando un caso opuesto, el municipio de San Miguel de Velasco, tuvo en 2001 unos 10.500 habitantes y para el 2012 se estiman unos 11.600 habitantes; sin embargo el presupuesto de coparticipación para el 2012 es de 4.9 millones de bolivianos y si se ajustara a la población del 2012 se reduciría a 4.5 millones de bolivianos. ¿Por qué? Porque su crecimiento poblacional es menor (0.95% anual) que el del país (2.20% anual), que es la base de la distribución, esta realidad será similar en casi todos los municipios rurales del país.

Pero más allá de una redistribución meramente per cápita, hay otro análisis que es el competencial que se dibuja a partir de la Ley Marco de Autonomías, para citar como ejemplo el caso de los hospitales de 3er. Nivel de atención en salud que ya son responsabilidad de las Gobernaciones pero aún continúan a tuición de los municipios capitales de departamento en su gran mayoría. Solo para mencionar el caso de Santa Cruz, el presupuesto de ingresos propios de los hospitales de 3er. nivel que registra el municipio de Santa Cruz de la Sierra es de 167.2 millones de bolivianos -considerando equipamiento médico y gastos de funcionamiento- y su presupuesto por SUMI del 3er. nivel es de 31 millones de bolivianos. ¿Cómo se ajustaran en términos presupuestarios la Gobernación y la Alcaldía cruceña en este tema?. Hará falta una interesante ingeniería financiera que tendrá que ser muy bien explicada a los médicos y trabajadores para evitar futuros paros en estos establecimientos, porque habrá que ver en qué medida acompaña esta transición el Ministerio de Salud.

Ahora, la segunda pregunta; los escaños de diputados. Para ello es preciso recordar que los escaños tienen dos componentes de redistribución; el equitativo y el proporcional. El primero equivale a 5 diputados por departamento (45 en total) y los restantes 85 en función a la población del último censo en cada departamento. Es preciso que haya el componente equitativo ya que de ser solo por población, Pando que tiene alrededor del 1% de la población nacional, apenas le correspondería un solo diputado de los 130.

Resulta algo complejo tratar de estimar el movimiento de los escaños para la cámara de diputados ya que hay que predecir no solo el cambio poblacional en un departamento sino en todos. Sin embargo tomando como parámetro las proyecciones del INE, se puede esperar que mínimamente para el departamento de Santa Cruz haya un incremento de tres escaños, para Cochabamba dos y para Tarija uno; resignando escaños los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Beni. Sin embargo si se consideran las previsiones que muchos analistas mencionan en el sentido que el departamento de Santa Cruz, alcanzaría los 3.1 millones de habitantes en este Censo y considerando el crecimiento promedio de los otros departamentos, es muy probable que exista un incremento de hasta cinco parlamentarios adicionales para el departamento de Santa Cruz.

Sin embargo, más allá de la cantidad de nuestros diputados, recordaremos que el 1993 eran 17, el 2002 eran 22, el 2006 eran 25 y lo que ocurrirá para el 2014; ¿No será bueno ir pensando un poco en la calidad de diputados que nos tocará elegir -entiéndase uninominales básicamente- para garantizar una gestión medianamente técnica?. ¿No será saludable que quienes se postulen a diputados tengan mínimamente un curso básico de nociones en gestión pública?. Otro tema para el debate.

Para finalizar, ¿Qué se debería venir en lo sucesivo?. Algunas posiciones son:

La distribución de recursos tiene que establecer una base mínima de recaudación regional bajo el concepto de tasas o impuestos (como vehículos e inmuebles en el caso de los municipios), de acuerdo al potencial productivo de cada departamento autónomo y, de esta manera, aliviar la presión financiera al Tesoro General de la Nación. Aunque la tendencia es aparentemente lo contrario, es lo que técnicamente y operativamente solucionaría muchos problemas.

Es muy importante fomentar y fortalecer la estructuración de ciudades intermedias de tal suerte de revertir un poco la migración a los municipios capitales de departamento, lo que técnicamente se conoce como el surgimiento de economías de aglomeración, es decir aquellas que tienen una proximidad geográfica a un gran mercado, que les permita reducir costos de transporte; ventajas de comunicación que se pueden lograr con infraestructuras adecuadas; desbordamientos tecnológicos; fomento de una cultura empresarial formal; voluntad de proximidad entre productores y proveedores y fundamentalmente sean un atractivo para captar mano de obra calificada. Allí el papel de las Universidades Públicas es crucial.

La metodología de las macro-regiones y las mancomunidades puede ser una alternativa que se redibuje en su concepción para encarar esta tarea que se hace apremiante y que no es en sí una utopía ya que debe entenderse que las regiones son siempre economías abiertas, lo cual muchas veces se olvida y que la evidencia empírica también lo certifica. Sin embargo, es preciso tener muy presente que la Planificación del Desarrollo Regional es siempre una acción a largo plazo, y sus peores enemigos son la improvisación y los cambios de rumbo en la definición de sus estrategias. Esto es tan importante de entenderlo a cabalidad, tanto como que un Estado no se mantendrá estable política y socialmente si no se reducen las diferencias interregionales, o si no se distribuyen los recursos con equidad, mínimamente en términos per cápita.

Es importante que el concepto de las futuras políticas públicas tengan como núcleo central la correlación entre la descentralización -entiéndase también autonomías- y el desarrollo local; la primera para articular un desarrollo social y la segunda para potenciar la transformación productiva y de prestación de servicios. Se debe aprovechar al máximo las potencialidades de la industria sin chimenea -entiéndase turismo- que por supuesto va mucho más allá de la promulgación de una ley de fomento al sector con una irrisoria cifra de arranque de pocos millones de dólares para todo el país.

Será necesario también entablar un gran debate referente a la manera más apropiada en términos de equidad y eficiencia para realizar una redistribución de recursos económicos entre los diferentes niveles del Estado, que permita marcar el camino por el que haya que transitar para corregir las asimetrías sociales y económicas que existen actualmente en las regiones de Bolivia. Habrá que definir un nuevo Modelo de Redistribución basado en la atención de competencias, es decir una “Nueva Política Fiscal para el Desarrollo”, en ello también ya estamos trabajando para aportar al debate con una propuesta.

Es hora de dejar el discurso de que “hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” y pasar a plasmarlo en trabajo para cambiar nuestra realidad, es hora de hacer las cosas -entiéndase políticas públicas- en serio, donde prime el criterio técnico y el bien mayor, apostando al largo plazo donde se evalúen resultados; de lo contrario; si en 30 años Corea del Sur incrementó su PIB per cápita 13 veces y Bolivia solo 2; de seguir nuestro país como va, en otros 30 años más probablemente volveremos a aumentar al doble nuestro PIB per cápita, mientras que en los países Asiáticos lo habrán hecho otras 13 veces más y seremos -en términos de competitividad- una presa fácil para ser devorados los tigres del Asia.

¿Acaso en los periódicos locales y en algunas instituciones de enseñanza no están apareciendo ya ofertas de cursos para aprender del idioma mandarín?. Reflexionemos.

Hasta la próxima y ojalá sea para analizar mejores noticias.